Un tribunal del estado de Misuri ordenó hoy suspender diversas provisiones de una ley aprobada por el gobierno estatal, presentada a comienzos de año y que debería haber entrado en vigor a partir de este miércoles, cuyo objetivo es restringir el acceso al aborto.

La decisión judicial se produce después de que el pasado 30 de julio diversas organizaciones sociales, como Planned Parenthood y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), demandaran al gobierno estatal de Misuri al considerar que las autoridades estaban, en última instancia, intentando impedir el acceso al aborto.

Estas organizaciones alegaron que la conocida como «ley del latido del corazón», que contempla penas contra quienes practicasen un procedimiento abortivo pasadas las ocho semanas de gestación, impide en la práctica que muchas mujeres puedan recurrir a estos servicios al no ser aún conscientes de su estado.

El dictamen del juez de distrito Howard Sachs supone que la ley, que contemplaba excepciones bajo circunstancias especiales, pero no en casos de incesto o violación, implica que la nueva legislación no podrá entrar en vigor hasta que los tribunales dicten una sentencia en firme.

El magistrado, no obstante, sí ha dado luz verde a la entrada en vigor a las provisiones de la ley que prohibían la terminación del embarazo en función de la raza y el género del feto.

«La decisión de hoy bloquea una ley peligrosa que prohíbe el aborto antes de que muchas personas sepan que están embarazadas. El poco acceso al aborto que aún existe en Misuri permanecerá sin ningún cambio por el momento», celebró la presidenta interina y directora ejecutiva de Planned Parenthood, Alexis McGill Johnson, en un comunicado divulgado por la organización.

En los últimos meses, numerosos estados del país se han sumado a una oleada legislativa que, en la práctica, buscan imposibilitar a muchas mujeres el acceso a los servicios para la interrupción del embarazo.

«Seamos muy claros: estas restricciones severas del acceso al aborto no contribuyen en lo absoluto al abordaje de la discapacidad o la discriminación. Solo estigmatizan el aborto y avergüenzan a las personas que buscan ese cuidado», lamentó Johnson.

Debido a las medidas estatales aprobadas en los últimos años, el acceso a servicios reproductivos asequibles ha disminuido drásticamente, y en seis estados -Kentucky, Misisipi, Misuri, Virginia Occidental, Dakota del Norte y Dakota del Sur- ya solo queda una clínica donde se practican abortos.

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