El Gobierno del presidente Donald Trump pidió al Tribunal Supremo de Justicia que apure una decisión sobre el intento del Ejecutivo para que los inmigrantes indocumentados queden excluidos de los resultados del Censo 2020, sobre los cuales se distribuyen representaciones políticas y fondos del Gobierno federal.

El Gobierno apeló contra una decisión de tres jueces en Nueva York según la cual el Congreso no ha otorgado al Poder Ejecutivo las atribuciones para adoptar esa medida.
El abogado del Gobierno, Jeffrey Wall, pidió a los magistrados del Supremo que consideren rápidamente el caso, que podría pasar a la audiencia de argumentos a fines de noviembre o comienzos de diciembre.

El censo se realiza en Estados Unidos cada 10 años por mandato constitucional, y el propósito de contar a todas las personas presentes en el país es la asignación de representación de los estados en el Congreso y el Colegio Electoral, y de miles de millones de dólares para programas de infraestructura, hospitales, escuelas y asistencia social.

El presidente Trump quiere que, aunque el empadronamiento decenal los cuente, los inmigrantes indocumentados no sean tenidos en cuenta en la próxima ronda de asignaciones políticas y financieras.

“La decisión del presidente asegurará que los ciudadanos estadounidenses no vean su representación en el Congreso disminuida sobre la base de la cuenta de extranjeros ilegales”, afirmó en una declaración la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.

En todos los censos realizados desde 1790 todas las personas presentes en el país, fuera cual fuese su situación migratoria, se han tomado en cuenta para la distribución de los escaños en la Cámara de Representantes del Congreso Federal, la cual tiene ahora 435 miembros.

En 2019, Trump intentó que el cuestionario del censo incluyera una pregunta acerca de la ciudadanía de los residentes en el país, en otra batalla que concluyó con una decisión del Supremo desfavorable para el presidente.

El censo mismo, a su vez, se ha visto gravemente afectado por la pandemia de COVID-19, y la oficina encargada de realizarlo había propuesto extender hasta el 30 de octubre el plazo del empadronamiento, que inicialmente estaba fijado para julio.

El Gobierno de Trump ha ordenado que se concluya el censo el 30 de septiembre, y la presión para una decisión rápida sobre los indocumentados se suma a la incertidumbre en torno al Tribunal Supremo tras la muerte de la jueza Ruth Bader Gingsburg y la determinación del presidente de que el Senado confirme a quien tome su lugar antes de las elecciones del 3 de noviembre.

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