El Gobierno anunció hoy nuevas medidas que limitan a 1.000 dólares por trimestre la cantidad que los cubanos residentes en su territorio pueden enviar a sus familiares en Cuba a través de remesas.

«La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) está poniendo un límite de 1.000 dólares estadounidenses por trimestre que un remitente puede enviar a un ciudadano cubano», señaló el secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.

Además, subrayó que están prohibidas las remesas a «familiares cercanos de funcionarios cubanos prohibidos y miembros del Partido Comunista de Cuba».

Hasta ahora no existían límites ni de cantidad ni de frecuencia desde que las remesas a Cuba entrasen en vigencia en 2014, cuando la Administración del expresidente Barack Obama (2009-2017) normalizara las relaciones con la isla caribeña, poniendo fin a cinco décadas de hostilidad de la Guerra Fría entre las dos naciones.

Sin embargo, el presidente, Donald Trump, ha calificado esta estrategia de «terrible y equivocada» en varias ocasiones.

«Estamos tomando medidas adicionales para aislar financieramente al régimen cubano», apuntó Muchin.

El titular de la cartera del Tesoro argumentó que el país «responsabiliza al régimen cubano por la opresión del pueblo cubano y el apoyo de otras dictaduras en toda la región, como el régimen ilegítimo del (presidente venezolano Nicolás) Maduro».

«A través de estas enmiendas regulatorias, -continuó- el Tesoro está negando a Cuba el acceso a divisas fuertes, y estamos frenando el mal comportamiento del Gobierno cubano mientras continuamos apoyando al pueblo sufridor de Cuba» .

En junio la Administración de Trump prohibió los viajes de crucero a esa isla.
Desde entonces, el país no permite las visitas a Cuba a través de embarcaciones de pasajeros y embarcaciones recreativas, incluidos cruceros y yates, así como aviones privados y corporativos.

Sin embargo, los vuelos comerciales sí que siguen operando con Cuba.

Desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, Trump ha endurecido la política hacia Cuba con reducciones del personal diplomático, la activación de una ley que permite demandas en tribunales por bienes expropiados tras la Revolución y sanciones a los hoteles de la isla, aumentando el alcance del embargo económico y comercial.

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