Un juez federal emitió hoy una orden judicial preliminar que requiere se restablezcan de inmediato los procedimientos de libertad condicional para los solicitantes de asilo que se presenten legalmente en los puertos de entrada del país.

El juez James E. Boasberg, del Distrito de Columbia, se pronunció sobre una demanda presentada el 30 de mayo de 2019 por el Southern Poverty Law Center (SPLC) y la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que hoy calificaron este fallo de «victoria».

La acción fue presentada por casos de solicitantes confinados en prisiones remotas en Luisiana, Misisipi y Alabama.

La orden del juez establece que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) restablezcan los procedimientos de libertad condicional y de acceso a este beneficio, en atención a lo dispuesto en la Directiva de Libertad Condicional de diciembre de 2009 del DHS y la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda.

De igual forma, negó la moción del DHS para desestimar.

Para la abogada Luz López, del SPLC, este fallo «es una victoria decisiva para los solicitantes de asilo» que Estados Unidos «ha encerrado cruelmente y olvidado».

López destacó que el tribunal del distrito declaró que tanto el DHS como ICE «deben cumplir con las leyes de inmigración» y la Constitución.

En la misma línea se pronunció Bruce Hamilton, abogado de ACLU en Luisiana, quien denunció que sus clientes «han sufrido un tratamiento deshumanizante, desde un aislamiento solitario excesivo hasta una atención médica inadecuada».

«La negación de la libertad condicional a los solicitantes de asilo legales subraya la brutalidad de nuestro sistema de inmigración», agregó.

Según las organizaciones demandantes, durante la Administración del presidente Donald Trump ha disminuido la aprobación del beneficio de libertad condicional para los solicitantes asilo.

En concreto, citan el caso de la Oficina de Campo de ICE en Nueva Orleans, que en 2016 concedió la libertad condicional en el 75,5 % de los casos, mientras que en 2018 se otorgó en solo dos de 130 casos, lo que equivale a un 1,5 %, y en lo que va de este año no han aprobado ninguna.

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