El Tribunal Supremo desechó este lunes la demanda de grupos ecologistas contra el muro en la frontera con México, el soñado proyecto del presidente Donald Trump para detener la migración ilegal, aunque sea pasando por encima del medioambiente.

El Centro para la Diversidad Biológica, el fondo de Defensa Legal de los Animales, los Defensores de la Vida Silvestre y el Centro Ambiental del Sudoeste alegaban que las obras perjudicarían los hábitat de vida silvestre poniendo en peligro especies como el puma, el lobo gris mexicano y los vacunos.

Los demandantes, que también querellaron el uso en la construcción de vallas en la frontera de 7.200 millones de dólares en fondos asignados por el Congreso para gastos militares, cuestionaron decisiones del gobierno de Trump, que, en su opinión, desecharon decenas de leyes ambientales y de salud pública para acelerar las obras.

“Estamos decepcionados porque el Supremo no considerará el abuso flagrante de la ley por parte del Gobierno de Trump para acelerar la construcción del muro en la frontera” dijo a la cadena CNN, Jean Su, abogado del Centro para la Diversidad Biológica. “Este gobierno se ha burlado de la Constitución para construir un muro enormemente destructivo”.

Desde su campaña en las elecciones de 2016 y su gestión en la Casa Blanca, Trump ha insistido en la construcción de una muralla a lo largo de los 3.200 kilómetros de la frontera de EE.UU. con México.

El Departamento de Seguridad Nacional informó el 19 de junio que los 320 kilómetros de obras realizadas consisten principalmente en el remplazo de estructuras anticuadas o deterioradas y sólo 3,2 kilómetros de nuevo sistema de muros se han construido en sitios donde antes no había barreras.

Cuatro días después, durante una visita a la estación de la Patrulla de Fronteras en Yuma, en Arizona, Trump prometió que completará “casi 800 kilómetros” de muro antes de fin de este año.

Trump también prometió que México pagaría por la construcción del muro y, en ausencia de esa contribución, el presidente ha gastado unos 15.000 millones de dólares y, desde que el año pasado declaró una emergencia nacional, ha recurrido a fondos que el Congreso había aprobado para obras militares.

A pesar de la noticia positiva recibida este lunes desde del Alto Tribunal, el proyecto encara otros retos judiciales.

En marzo pasado, 19 estados presentaron ante la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito, en el norte de California, otra demanda contra Trump por el uso de fondos militares, alegando que ese desvío de recursos “causará daños a las economías de sus estados”.

En esta demanda participan California, Colorado, Connecticut, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia y Wisconsin.

Por su parte a fines de febrero la Unión de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), el Club Sierra y la Coalición de Comunidades de la Frontera, iniciaron querellas en tribunales contra el gobierno de Trump por la reasignación más reciente de fondos para el muro.

El Noveno Distrito dictaminó la semana pasada que el desvío de 2.500 millones de dólares de fondos asignados al Pentágono violó la Constitución y es ilegal.

Esta decisión respondió a las demandas iniciadas por California y a la cual se sumaron varios estados y señaló que la transferencia de fondos desconoció la autoridad del Congreso para la asignación de recursos.

El caso se remonta a junio de 2019, cuando un juez federal de Oakland (California) bloqueó por primera vez esta partida presupuestaria para la construcción del muro, una decisión que la Administración Trump recurrió y pidió amparo al Supremo para poder seguir usando ese dinero mientras se decidía el caso judicialmente.

Un mes después, en julio, y en una ajustada decisión por cinco votos a cuatro, el máximo tribunal de EE.UU. accedió a la petición del Gobierno y dio el visto bueno temporal a que utilizasen los 2.500 millones, pero no entró a valorar la legalidad de la desviación del dinero asignado al Pentágono.

Con la decisión por parte del tribunal de apelaciones del Noveno Circuito -la instancia judicial inmediatamente inferior al Supremo-se cierra la trayectoria de la demanda en los circuitos inferiores y el caso se trasladará con toda probabilidad de nuevo al Supremo, que esta vez sí deberá pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.

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