Más de 40 jóvenes «soñadores», en su mayoría de California, empezaron a viajar este sábado a Washington para pedir que se restablezca un permiso especial que les permitía salir del país bajo circunstancias especiales.

El denominado «Advance Parole» daba luz verde a los beneficiarios del programa de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) viajes fuera del país por motivos académicos, laborales o humanitarios, y su posterior reingreso a Estados Unidos sin perder su estatus legal.

Este permiso especial, no obstante, quedó sin efecto en 2017, cuando la actual Administración en la Casa Blanca anunció el fin de DACA, un programa implementado en 2012 y que otorga a jóvenes indocumentados permiso de residencia y un número de Seguro Social para que puedan trabajar y seguir sus estudios.

«Queremos que haya más de 100 senadores y congresistas que nos apoyen para presionar al gobierno», explicó a Efe Armando Vázquez Ramos, profesor de la Universidad Estatal de California Long Beach y director del Centro de Estudios California-México (CMSC) de Los Ángeles.

El académico, que encabeza el grupo de Los Ángeles que partió hoy a Washington, dijo que tienen más de 30 citas con congresistas y que el lunes en la mañana realizará un seminario «sobre el rechazo y la discriminación de no dar el permiso de Advanced Parole a los jóvenes».

Procedentes de una docena de estados, entre ellos Texas, Arizona, Utah, Colorado, Massachusetts, Nueva Jersey y Nueva York, los integrantes de la comitiva tienen una agenda hasta el jueves para entrevistarse con legisladores latinos, algunos republicanos que apoyan DACA y jefes de comités parlamentarios relacionados con inmigración.

Vázquez Ramos informó que a su regreso seguirán preparando una demanda legal colectiva «para llevar estas discriminación a las cortes federales».

El «Profe Armando», como es conocido, recordó que cuando DACA fue suspendido 75 jóvenes «soñadores» habían presentado toda la documentación para salir del país a realizar un curso en México.

«A ellos les suspendieron la solicitud pero no se la rechazaron, por lo que están dentro del proceso administrativo y esa es una violación del procedimiento que tiene que seguir el gobierno federal», argumentó.

El activista mantiene el optimismo de que el permiso especial será renovado y se evite, por ende, una querella legal costosa y que tomaría por lo menos dos años.

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