La fiscalía de Nueva York se unió este miércoles a una coalición de fiscales generales de 22 estados en una demanda que impugna la decisión de la Administración del presidente Donald Trump de restringir la entrada al país a quienes no tengan cobertura médica o no puedan pagar sus cuidados de salud.

Los fiscales generales, entre ellos la de Nueva York, Letitia James, argumentan en su moción que esta decisión es un intento «ilegal» de imponer restricciones migratorias que contradicen las leyes aprobadas por el Congreso, incluyendo la Ley del Cuidado de Salud Asequible.

Bajo este nuevo requisito, un número significativo de solicitantes que normalmente cumplirían con las condiciones para obtener visas de inmigrantes ya no serían aptos, advierten.

El pasado 4 de octubre, Trump emitió una proclamación que ordenaba a los consulados que denieguen visados de entrada a aquellos inmigrantes que no pudieran demostrar que tienen «los recursos financieros para pagar los costos médicos» dentro de los 30 días posteriores a su entrada en EE.UU. o que «estarán cubiertos por un seguro médico aprobado».

El 3 de noviembre un juez bloqueó la puesta en marcha de la nueva regla temporalmente en espera que un tribunal en Oregon considerara el caso este mes.

Los principales afectados por la orden de Trump serían inmigrantes procedentes de Latinoamérica, África y Asia, que acuden a consulados de EE.UU. en el extranjero para pedir un visado de entrada.

De acuerdo con James, esta nueva regla de Trump «es simplemente otro ataque poco velado contra los inmigrantes».

«Una vez más, la Administración Trump está socavando la voluntad del Congreso e impulsando una agenda motivada por la política, y no enfocada en leyes», afirmó en un comunicado.

«Los inmigrantes hacen grandes contribuciones a este país, y continuaremos luchando y desafiando las políticas que les causarían un gran daño a ellos y a nuestros estados», sostuvo.

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