El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, señaló este lunes que hacia el año 2026 la ciudad podrá ofrecer unas 10.000 viviendas permanentes para los desamparados, como parte del plan de medidas para abordar esta problemática.

«Y pienso que podemos duplicar esa meta», recalcó el alcalde durante una comparecencia pública ofrecida en la sede de la municipalidad en la que destacó las acciones tomadas para atajar el creciente número de desamparados que registra la urbe y el estado.

«Al gobierno de Sacramento especialmente gracias por su ayuda pero necesitamos más y en Washington también», recalcó Garcetti, quien señaló que el «problema de los desamparados es un problema nacional y el gobierno federal debe ayudar a resolverlo».

Garcetti dio a conocer que para el próximo año se dispondrán en total 26 albergues, cinco de los cuales ya están operando, y que aumentarán el número equipos encargados de limpieza y que ofrecen apoyo a los desamparados.

En su recuento de acciones, el alcalde destacó las más de 8 toneladas de basura recogidas de campamentos de desamparados a lo largo del mes de julio y las 70 visitas hechas estos enclaves por los equipos del gobierno local.

La ciudad de Los Ángeles registró un aumento respecto al año anterior del 16 % de personas que viven en calles o automóviles, con un total de 36.300 frente a las 31.285 de 2018, según el más reciente informe.

A comienzos de julio, el alcalde de la ciudad, Eric Garcetti, anunció que destinará 124 millones de dólares para combatir la pobreza y la crisis de los desamparados que viven en las calles.

En vista de la temporada de incendios que se avecina, el alcalde aseguró que trabajan con las autoridades locales para «reducir los riesgos de incendio» que frecuentemente se originan en los campamentos de indigentes.

El alcalde destacó que trabaja con legisladores como el asambleísta Miguel Santiago que impulsa el proyecto de ley AB 11 97 para agilizar los recursos que serán invertidos en vivienda en programas de vivienda para los desamparados.

Igualmente mencionó entre otros a la senadora Holly Mitchell que impulsa la medida SB 329 que protege de discriminación a los beneficiarios del subsidio público de vivienda conocido como «Sección 8».

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