La democracia estadounidense bajo fuego

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El presidente Trump y su cada vez más pequeño grupo de aliados han fracasado tremendamente en persuadir a los gobernadores, funcionarios electorales estatales así como también a los jueces estatales y federales de que las elecciones de 2020 le fueron “robadas”.

El secretario de Estado republicano de Georgia fue muy claro el fin de semana pasado al negarse a ayudar al presidente a “encontrar” suficientes votos para ganar, respondiéndole con total valentía “respetuosamente, presidente Trump, lo que está diciendo no es cierto”.

A pesar de que la realidad no se puede comprar y como todos sabemos que las mentiras tienen patas cortas, hay algo en que el presidente Trump ha sido exitoso en estos días posteriores a la elección y es que sus esfuerzos han logrado persuadir potencialmente a millones de estadounidenses de que el proceso electoral es ilegítimo. Además este proceso post electoral le ha ayudado a recaudar cientos de millones de dólares desde el 3 de noviembre, y ese dinero “donado a la causa” proviene de esos mismos estadounidenses que creen en sus fabulas.

La amenaza que este esfuerzo representa para el futuro de las instituciones estadounidenses es clara. Si el 35% del electorado sigue creyendo que las elecciones presidenciales están “amañadas”, cada ciclo electoral estará al borde de una guerra civil de ahora en más.

La tarea de convencer a los estadounidenses de que las elecciones no fueron robadas puede parecer simple pero el simple hecho de que no haya evidencias de robo no parece ser suficiente.

También podríamos ir atrás en el tiempo a mediados de 2017, cuando el presidente Trump estableció una comisión presidida por el vicepresidente Pence para investigar su afirmación de que unos 3 millones de votos se habían emitido ilegalmente en favor de Hillary Clinton en las elecciones de 2016. La comisión se reunió dos veces y se disolvió sin emitir hallazgos ni recomendaciones.

Desde el 3 de noviembre, se han presentado casi 60 demandas alegando fraude electoral de una forma u otra. Los proponentes han tenido 60 oportunidades de presentar su caso ante jueces estatales y federales, incluidos muchos jueces federales que son republicanos registrados y que además fueron nombrados por el presidente Trump, y ninguno encontró errores o robo de votos.

Ese historial de fracasos hizo que incluso el fiscal general leal a Trump, William Barr, abandonara el barco y renunciara en Navidad. Barr era uno de los más decididos a investigar y procesar un gran fraude electoral, pero luego de examinar las escasas e inconclusas pruebas decidió dar un paso atrás.

Eso no ha detenido a un grupo de republicanos del Congreso que ahora están listos para impugnar el 6 de enero el acto ministerial de contar los votos del Colegio Electoral registrados por los funcionarios electos de cada estado. Esto no sería más que una elusión retórica cínica, la afirmación no es sobre si la elección fue fraudulenta ya que ellos saben que no fue así.

Los resultados de las elecciones han sido validados por el proceso de recuento en varios estados, en algunos de ellos hubo hasta tres recuentos.

El senador Ben Sasse (R-Nebraska) lo expresó sin vueltas en una carta abierta a sus electores, “dejemos en claro lo que está sucediendo aquí: tenemos un grupo de políticos ambiciosos que piensan que hay una manera rápida de aprovechar la base populista del presidente haciendo cualquier daño real a largo plazo”.

El fanatismo que Trump despierta en algunos de sus partidarios es tan extremo que al parecer creerían cualquier cosa que el presidente diga, incluyendo mentiras.

Es por eso que la conducta del pequeño grupo de 12 senadores republicanos que planean desafiar la certificación del Colegio Electoral es tremendamente atroz. Ellos están dando crédito a sabiendas a una ilusión que, si no se corrige, socavará la democracia norteamericana.

Seguirá siendo el deber cívico de los líderes republicanos respetados y decentes el corregir este récord. Con el tiempo, a medida que los estadistas de alto rango del Partido Republicano y los partidarios del presidente como Toomey reconozcan que las elecciones no fueron robadas, su franqueza persuadirá a muchos de que el presidente simplemente perdió. Hasta ese día, la creencia de que ganó es solo eso, una creencia no respaldada por la evidencia y refutada por la verdad.

La razón de la falta de evidencia es que los funcionarios electorales estatales y locales realmente no conspiraron para diseñar una elección robada.

La vergüenza y falta de ética con la que este grupo de republicanos (incluido el presidente) está manoseando la gran democracia norteamericana es tan aberrante que provoca que muchos conservadores sientan rechazo por esta gente que no hace más que dejar mal parado al país en el exterior y destroza los valores del gran Partido Republicano.

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