Quince inmigrantes que se hallan en centros de detención demandaron este lunes a la Administración del presidente Donald Trump por no garantizarles el acceso a servicios médicos y por segregar a personas con discapacidad.

La demanda colectiva, en representación de 55.000 detenidos, fue interpuesta hoy en un tribunal de Riverside (California) y alega que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Interna (DHS) no cumplen con los «requisitos constitucionales» que amparan a los inmigrantes.

Los demandantes, recluidos en ocho centros de detención de seis estados, acusan a ICE de demoras o negativas a la hora de dar atención médica y mental, así como de utilizar el aislamiento como castigo y discriminar a los detenidos con discapacidades físicas que requieren acomodamiento y servicios especiales.

La abogada de Southern Poverty Law Center (SPLC) Lisa Graybill, quién representa a los demandantes, advirtió en un comunicado que «el horrible maltrato de inmigrantes de esta administración no se limita a las personas en la frontera».

La jurista advierte que al menos 26 personas han muerto desde que Trump asumió el cargo y que decenas de miles han sufrido por la omisión del gobierno federal de proporcionar atención médica básica en los centros de detención.

Una de las personas señaladas en la demanda es el salvadoreño José Segovia Benítez, de 38 años. Este veterano del Cuerpo de Marines sufre de estrés postraumático y tiene una condición cardiaca que no ha sido tratada por las autoridades del centro de detención de Adelanto (California) desde enero de 2018, cuando fue puesto bajo custodia de ICE.

En 2003, mientras estaba asignado a Irak, Segovia Benítez fue gravemente herido por un explosivo lo que le generó un trauma craneal, depresión, ansiedad, perdida de la audición, y también tiene una condición cardiaca.

Según la demanda, el salvadoreño ha informado a las autoridades que sufre de dolores de pecho, mareos y otros problemas, pero ha visto retrasada o negada la atención médica que requiere. También fue puesto en confinamiento solitario por comportamientos derivados del estrés postraumático, lo que habría afectado aún más su salud.

Tim Fox, director del Civil Rights Education and Enforcement Center (CREEC), dijo en un comunicado que «los informes de muertes de detenidos bajo custodia de ICE que el gobierno publica proporcionan ejemplos de abuso y negligencia médica».

La acción legal expone también el caso del mexicano Raúl Alcocer Chávez, de 26 años y detenido igualmente en Adelanto. El inmigrante es sordo y de acuerdo a la Ley de Rehabilitación las autoridades deberían darle condiciones justas para adaptarse, destacan los abogados.

No obstante, el detenido no ha recibido los servicios de un interprete de lenguajes de señas, tiene una gran dificultad para comunicarse con el personal médico y tampoco ha podido acceder a una llamada con un abogado a través de un intérprete.

Las autoridades de inmigración le hicieron firmar documentos que no entendía, destaca la demanda.

«El riesgo está creciendo de manera exponencial a medida que esta administración expande innecesariamente la detención en miles de camas cada año», dijo Fox.

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