La oficina en Denver del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) denunció públicamente a dos condados del sur de Colorado por no responder a su pedido de mantener detenido a un inmigrante indocumentado con «numerosos arrestos criminales».

Por medio de un comunicado distribuido a los medios locales, ICE informó que ni el Departamento de Policía de Colorado Springs, en el condado El Paso, ni la oficina del alguacil del condado Teller accedieron a entregar a Joel Ramírez Méndez a ICE.

Según el comunicado, Ramírez Méndez, un guatemalteco de 46 años, es considerado como un «criminal extranjero» que fue arrestado el 26 de mayo de 2017 en el condado Teller por conducir en estado de ebriedad y arrestado el 19 de junio de 2019 en Colorado Springs por darse a la fuga luego de un accidente de tráfico.

En ambos casos, dice ICE, Ramírez Méndez quedó en libertad antes de que ICE supiese que había estado detenido. Finalmente, agentes de ICE arrestaron al guatemalteco el pasado martes 25 de junio.

Ramírez Méndez llegó a Estados Unidos en 2000 y luego habría reingresado por lo menos dos veces sin la documentación apropiada, a pesar de haber sido deportado a su país natal. Ese reiterado reingreso no autorizado lo convierte en un delincuente.

«Nuestros oficiales profesionales de ICE trabajan sin cesar para arrestar a extranjeros criminales como Ramírez Méndez con el interés de proteger al público», expresó el oficial John Fabbricatore, a cargo de la oficina de ICE en Denver.

«Las fuerzas del orden y los políticos locales deben considerar la seguridad pública como una meta valiosa y vital y de esa manera honrar los pedidos de detención de ICE», agregó.

Paradójicamente, tanto el condado El Paso como el Teller habían sido demandados en corte federal en distintos momentos por la filial en Colorado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) precisamente por cooperar con ICE, a pesar de fallos judiciales estatales prohibiendo esa cooperación.

El condado El Paso dejó de cooperar con ICE en 2018 debido al alto costo de esa cooperación y cuando un juez local falló a favor de la ACLU.

Por su parte, la demanda contra el condado Teller no prosperó porque el alguacil Jason Mikesell firmó en diciembre pasado un acuerdo con ICE, renovando y expandiendo la cooperación.

ACLU Colorado volvió a demandar este viernes al condado Teller, argumentado que la nueva ley HB19-1124, que entrará el vigor el 2 de agosto, prohíbe esa cooperación.

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