Honduras firmó hoy un acuerdo con el país que busca atajar la migración irregular desde Centroamérica y se suma a los alcanzados con Guatemala y El Salvador.

El secretario de Seguridad Nacional en funciones, Kevin McAleenan, y el canciller de Honduras, Lisandro Rosales, rubricaron el documento en un acto al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tiene lugar en Nueva York.

«Hoy firmamos un acuerdo bilateral para construir capacidades de asilo más fuertes en el Triángulo Norte y mejorar aún más la capacidad de asilo y protección de Honduras», escribió McAleenan en su cuenta de Twitter.

El funcionario destacó que «resolver la crisis en la frontera significa trabajar con nuestros vecinos en la región»: «Honduras ha sido un gran socio», subrayó.

McAleenan difundió en Twitter una foto del momento en que se rubricó el documento y en el que ambos funcionarios aparecen flanqueados por los presidentes, Donald Trump, y de Honduras, Juan Orlando Hernández.

«Nos hemos reunido con Honduras y también hemos tenido hace tiempo reuniones con Guatemala. Hemos firmado acuerdos de cooperación con la mayor fuerza posible y eso es bueno para todos nosotros», dijo Trump durante otro encuentro en Nueva York con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Trump explicó que su país ha «resuelto el tema del asilo» gracias a la cooperación del Triángulo Norte de Centroamérica y México, que le han ayudado a limitar la capacidad de los inmigrantes indocumentados de solicitar refugio en territorio nacional.

«Hemos resuelto de alguna forma el tema del asilo al recurrir a diferentes países. Hemos recurrido a México, a Honduras, a El Salvador, porque los demócratas » no quieren trabajar en ese tema, alegó Trump.

El gobernante añadió, en una conferencia de prensa, que su Administración está trabajando con sus socios en Centroamérica para asegurarse que los inmigrantes «busquen alivio lo más cerca posible de su país de origen».

«Eso será un gran alivio para nuestra frontera sur», afirmó Trump, quien ha calificado la situación en el linde con México de «crisis humanitaria».

Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), el acuerdo con Honduras busca «ampliar las iniciativas bilaterales para enfrentar la migración irregular a través de América Central».

El DHS destacó que «una vez que el acuerdo entre en vigor, mejorará aún más la capacidad de asilo y protección en Honduras» y agregó que allanará el camino «para aumentar la colaboración entre los dos países en temas claves».

Sin hacer alusión al término de tercer país seguro, la nota detalla que ambas partes se comprometieron a «aumentar las opciones de protección para las poblaciones vulnerables» y garantizar que no sean víctimas de traficantes.

Con el acuerdo recién suscrito con Honduras y los recientes con El Salvador y Guatemala, Washington ya ha firmado pactos para limitar la concesión de asilo a los indocumentados con los tres países que forman el Triángulo Norte de Centroamérica, de donde proceden la mayoría de los indocumentados que llegan a su frontera.

En un tuit, McAleenan describió este miércoles como «pactos de cooperación de asilo» esos arreglos.

El pasado 20 septiembre, Washington rubricó un acuerdo de cooperación con El Salvador en materia de inmigración, que se concretó después del conseguido el 26 de julio con Guatemala, que todavía no se ha aplicado.

No han trascendido detalles de lo acordado con Honduras y El Salvador.
En el caso de Guatemala, el convenio obliga a los migrantes que atraviesan el país centroamericano a pedir asilo allí en vez de hacerlo en territorio nacional.

El ministro de Interior de Guatemala, Enrique Degenhart, ha admitido que el pacto «no está en vigencia», sino solo «firmado».

Degenhart ha asegurado igualmente que el acuerdo solo se aplicará a migrantes de nacionalidad salvadoreña y hondureña, y ha indicado que hay restricciones, como los menores no acompañados, las mujeres embarazadas en el tercer trimestre o las personas con discapacidad.

En junio pasado, las autoridades estadounidenses y mexicanas llegaron a un acuerdo migratorio que evitó que Washington impusiera aranceles a todos los productos del vecino país.

En virtud del pacto, México envió a sus fronteras norte y sur a la Guardia Nacional -un nuevo cuerpo de seguridad impulsado por el Ejecutivo-, contrató a más personal migratorio y accedió a expandir a lo largo de toda la zona limítrofe la política estadounidense de PPM, más conocida como «Permanezcan en México», que permite devolver a ese país a los solicitantes de asilo.

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