Este martes, una ley que castiga a las jurisdicciones que protejan indocumentados y que obliga a las autoridades locales a colaborar con Inmigración y sus órdenes de detención prolongada con miras a la deportación ha entrado en vigor en Florida sin que procesos legales pudieran impedirlo.

La ley contra las llamadas ciudades «santuario», aunque en Florida no hay ninguna, operará casi por completo tras el fallo adverso de una jueza de Miami como parte de una demanda interpuesta por grupos civiles y a favor de los inmigrantes.

La ley, firmada por el gobernador Ron DeSantis, un aliado político del presidente Donald Trump y de su dura política migratoria, entra en efecto en un estado con un 20 % de población extranjera y pese al rechazo de grupos pro-inmigrantes por la separación de familias y el impacto económico que puede tener en el estado.

La juez Beth Bloom mantuvo a última hora del lunes la mayor parte de la nueva ley y bloqueó únicamente que las policías locales ayuden a transportar inmigrantes a través de las fronteras estatales a pedido de las autoridades federales.

Según documentos judiciales a los que Efe tuvo acceso este martes, Bloom dictaminó que ese trabajo solo puede ser realizado por el gobierno federal.

La demanda fue presentada en julio pasado contra DeSantis al considerar «inconstitucional» la ley aprobada este año por el Legislativo floridano.

Según el Proyecto de Justicia Comunitaria, uno de los demandantes junto con la organización antirracista Southern Poverty Law Center (SPLC), la SB 168 viola el derecho constitucional al debido proceso y la igual protección ante la ley.

Estas organizaciones consideran que la medida obliga a la policía local a actuar «como agentes ilegales de ICE, en violación de la cláusula de supremacía de la Constitución y evita que los gobiernos locales promulguen políticas necesarias para la seguridad pública».

La demanda, interpuesta también por la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), pedía a la corte pronunciarse sobre la constitucionalidad de las polémicos «detainers», órdenes de detención solicitadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

Estas órdenes buscan que los indocumentados se mantenga en las cárceles para deportación, muchas veces por infracciones menores, aunque no exista una orden al respecto de un juez o un fiscal.

Otros grupos que se sumaron a la demanda son la ciudad de South Miami, Family Action Network Movement, QLatinx, WeCount!, Iglesia Presbiteriana Unida de Westminster de Gainseville, Americanos por la Justicia de los Inmigrantes, Centro Guatemalteco-Maya y Centro Comunitario Hope.

DeSantis firmó a mediados de junio la SB 168 a pesar de la oposición de los activistas que emitieron en abril una alerta de viaje a Florida por la posibilidad de un aumento de casos de «discriminación racial, detención injusta y deportación» por esta ley y de las posibles consecuencias económicas que pudiera tener.

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