Una coalición de 14 estados liderada por el fiscal general de Washington, Bob Ferguson, acudió este miércoles a una corte federal para solicitar una orden judicial preliminar contra la norma de «carga pública» del Gobierno contra los inmigrantes, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 15 de octubre.

Ferguson informó en su cuenta de Twitter de que la acción la presentaron ante la corte del distrito este de Washington.

El fiscal había presentado en septiembre pasado una moción ante la juez Rosanna Malouf Peterson, de la Corte del Distrito Este de Washington, ubicada en la localidad de Spokane, mientras la demanda de los estados progresaba.

El Gobierno del presidente Donald Trump presentó el pasado 12 de agosto un nuevo reglamento que permitirá rechazar los permisos de residencia concedidos a los inmigrantes que las autoridades consideren que se han convertido en una «carga pública» para el país.

Bajo esta nueva normativa, un inmigrante legal será definido como «carga pública» si recibe «uno o más beneficios públicos designados» durante más de 12 meses en un período de 36 meses.

Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el elevado costo de los medicamentos, entre otros.

Con esta nueva directriz, la Administración reducirá también la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país, al facilitar el rechazo de las solicitudes de «green card» (permiso de residencia permanente) o de algunos visados.

Miembros de la organización proinmigrante CASA interpusieron el pasado 16 de septiembre dos demandas contra esta normativa, que ya el 27 de agosto había sido rechazada por una coalición de cinco fiscales generales liderada por el procurador de California, Xavier Becerra.

Este último grupo pidió a un tribunal que detenga la aplicación de la regla de «carga pública» mientras se resuelve su demanda contra la norma.

Con dicha acción legal, Becerra y los fiscales de Pensilvania, Oregón, Maine y el Distrito de Columbia esperar también impedir la entrada en vigencia de la polémica medida.

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