Los cambios vistos en la política de asilo por parte de la Administración del presidente Donald Trump, que ha firmado acuerdos migratorios con Guatemala, El Salvador y Honduras y obliga a los migrantes a esperar por una respuesta a su solicitud en México, suponen en la práctica el fin de este derecho.

Así lo advirtieron este lunes en Washington expertos reunidos en la XVI Conferencia sobre Política y Ley de Inmigración, que alertaron sobre la «criminalización» de los inmigrantes, principalmente de los procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, países que integran el Triángulo Norte de Centroamérica.

«Lo que estamos viendo es prácticamente el fin del asilo, efectivamente ya no existe para la mayoría de las personas que llegan a la frontera», dijo a Efe el director de Hope Border Institute, Dylan Corbett.

Para Corbett, cuya organización trabaja en las localidades fronterizas de El Paso (EE.UU.) y Ciudad Juárez (México), esto responde al intento de esta Administración de «cerrar la frontera».

Para ello, opinó, el Gobierno de Trump «solo tiene una estrategia en la frontera que es disuadir a los solicitantes de asilo, criminalizar a los migrantes».

«Históricamente este es un gran cambio, porque estamos viendo a los solicitantes de asilo como criminales y los estamos tratando así, los estamos devolviendo a México», se quejó este activista, quien advirtió de que también se están viendo afectados los propios mexicanos.

Corbett criticó los Protocolos de Protección de Migrantes (PPM), política estadounidense más conocida como «Permanezcan en México», que permite a Washington devolver al país vecino a aquellos indocumentados que llegan a la frontera y solicitan asilo para que esperen allí a que se resuelvan sus casos.

«Hemos visto en Ciudad Juárez la muerte, el robo, el asalto, secuestros todos los días. Ciudad Juarez ahorita es una ciudad muy peligrosa. Más de mil personas han muerto desde inicio del año», denunció Corbett, quien dijo tener información de casos en los que los migrantes han sido víctimas, como violaciones de mujeres y secuestros de familias.

A su juicio, la única estrategia en la frontera es «disuadir a través de la crueldad» para mandar un mensaje a los migrantes de que no son bienvenidos.

Corbertt destacó que «estas son tácticas que se han utilizado ya por muchos años» y señaló que «todos los estadounidenses ahora están viendo» lo que ellos como activistas han visto durante muchos años, «crueldad».

Por su parte, Julia Preston, colaboradora de The Marshall Project, una organización periodística sin fines de lucro especializada en inmigración y justicia criminal, consideró que la Administración de Trump «ha tratado de cambiar fundamentalmente el punto de vista de Estados Unidos sobre la inmigración».

«Ahora el presidente Trump articula una filosofía de que la inmigración es negativa para Estados Unidos y esta idea ha cambiado muchos aspectos del sistema», explicó la experta a Efe.

Preston señaló que uno de los más afectados ha sido el de asilo y denunció que esta Administración lo ha «cerrado sistemáticamente» a los inmigrantes que proceden del Triángulo Norte.

Sobre los acuerdos alcanzados con países de esa zona, la experta consideró que si bien faltaba un «sistema regional para tramitar los refugios» la forma en que lo está haciendo esta Administración «es para tratar de negar» este beneficio.

El orador principal del encuentro, el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, no pudo pronunciar su discurso debido a una protesta organizada por organizaciones proinmigrantes como Sanctuary DMV, Credo Mobile, La ColectiVA703 y Justice for Muslim Collective.

Los manifestantes desplegaron carteles de tela en los que se leía «Apoyo de los inmigrantes» y «Odio no es normal», gritaban consignas para rechazar la política migratoria de Trump y recordaron los nombres de menores inmigrantes muertos en custodia de las autoridades migratorias.

Uno de los organizadores de la conferencia, el presidente del Instituto de Políticas Migratorias (MPI, en inglés), Andrew Selee, defendió en un comunicado que en democracia es importante «escuchar a todas las partes» se esté o no de acuerdo con ellas.

Mientras, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lamentó en una declaración que se le haya «quitado» a McAleenan el derecho consagrado en la Primera Enmienda a la libertad de expresión y a la reunión.

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