Los nativos de Arizona se reunieron en el capitolio estatal la semana pasada para pedir a los legisladores que voten en contra de las propuestas que se apropian de los dólares de los impuestos estatales para facilitar el espionaje de las mujeres por Internet y presentar información censurada a quienes buscan atención médica.

Los proyectos de ley espejo que están siendo considerados en la Cámara y el Senado requerirían que el sistema de información y remisión 2-1-1 bloquee la información sobre cualquier servicio de salud proporcionado por organizaciones que también proporcionan atención del aborto. Esto censuraría servicios vitales como mamografías, pruebas y tratamiento de ETS y servicios ginecológicos. También impediría que los hospitales y sus clínicas afiliadas y centros de recursos figuren en la lista, dejando a los arizonenses que buscan todo tipo de atención sin recursos clave en su comunidad.

APS, SRP, Valley of the Sun United Way y United Way del Norte de Arizona patrocinan el sistema 2-1-1, operado por la Red de Respuesta a las Crisis. “Es difícil creer que APS y las otras organizaciones apoyen la censura de información en el futuro, así que me preocupa que perdamos toda la financiación privada”, dijo la senadora Lisa Otondo (D- LD4). En 2018, la principal petición al 2-1-1 fue para asistencia en el pago de las facturas de electricidad.

Las facturas también asignan 3 millones de dólares en fondos estatales durante dos años a un nuevo “piloto de salud familiar” que sigue el modelo de los desastrosos pilotos de Texas y Carolina del Norte en los que un grupo con sede en Texas llamado “La Coalición Humana” espiaba las búsquedas de mujeres en Internet para bombardearlas con anuncios en los medios sociales e información médica incompleta para cambiar sus decisiones sobre sus embarazos.

“Los arizonenses buscan protección para sus datos y la privacidad en Internet”, dijo Darrell Hill, director de políticas de la ACLU de Arizona. “Este proyecto de ley va en la dirección opuesta. Utiliza el dinero de nuestros impuestos públicos para alimentar la depredación, la explotación, y la increíblemente invasiva recolección de datos y el seguimiento de las mujeres.”

El departamento de salud de Carolina del Norte informa que el programa piloto “no puede ser identificado como basado en la evidencia o incluso como una mejor práctica”. La Coalición Humana no presentó un informe completo al estado con información sobre los resultados y la organización no cumple con las normas de la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales para organizaciones benéficas responsables y éticas.

Las organizaciones que se oponen a los proyectos de ley incluyen: La Alianza de organizaciones sin fines de lucro de Arizona, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Arizona, la Coalición de Arizona para poner fin a la violencia sexual y doméstica, la Organización Nacional de Mujeres de Arizona, la Asociación de Salud Pública de Arizona, Planned Parenthood , Protecting Arizona’s Family Coalition y la Coalición Secular de Arizona.

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