El Departamento de Estado denunció hoy “asesinatos arbitrarios o ilegales” por parte del Gobierno de Arabia Saudí “o sus agentes” y destacó el caso del periodista Jamal Khashoggi, asesinado el 2 de octubre en el consulado en Estambul.

En su informe anual de derechos humanos relativo a 2018, el Departamento de Estado recordó que Khashoggi, un conocido periodista que vivía en el extranjero un “autoexilio”, murió a manos de agentes de Riad durante una visita al consulado saudí en la ciudad turca. El documento señala que la Fiscalía saudí ha anunciado la imputación de once sospechosos del crimen y ha pedido la pena de muerte para cinco de ellos, pero no los ha identificado.

Por otro lado, el Departamento de Estado se quejó de que muchos de los ejecutados en el reino, que sigue una interpretación estricta de la “sharía” o ley islámica, no fueron condenados en juicios que cumplieron “el mínimo” para ser procesos justos, de acuerdo a ONG como Amnistía Internacional (AI). Y resaltó que se han llegado a imponer penas capitales a menores de edad.

Además, subrayó que, pese a que la ley saudí prohíbe la tortura y estipula que los funcionarios deben rendir cuentas por abusos de autoridad, muchas organizaciones humanitarias, la ONU y grupos independientes han informado de maltratos y abusos a detenidos por las fuerzas del orden. El informe recoge las denuncias de AI y de Human Rights Watch de que algunas activistas que reclamaban el derecho de la mujer a conducir y que fueron arrestadas entre mayo y junio fueron sometidas a abusos sexuales y torturas durante su cautiverio en la prisión de Dhahban, cerca de la urbe portuaria de Yeda.

El Gobierno se hace eco, además, de las alegaciones “creíbles” de activistas locales y organizaciones proderechos humanos que aseguran que hay “cientos”, incluso “miles”, de presos políticos, pese a que las autoridades lo niegan. Indicó que en muchos casos resulta imposible determinar la base legal para estas detenciones y si estas cumplen con los estándares internacionales.

Por otro lado, el Departamento de Estado mencionó la situación en el Yemen, donde Arabia Saudí lidera la coalición árabe frente a los rebeldes hutíes. El texto apunta que “Naciones Unidas, ONG, medios de comunicación y organizaciones humanitarias e internacionales informaron sobre lo que han caracterizado como un uso desproporcionado de la fuerza por todas las partes del conflicto en el Yemen, incluida la coalición encabezada por Arabia Saudí y los rebeldes hutíes”.

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