El Fondo México Americano para la Educación y Defensa Legal (MALDEF, en sus siglas en inglés) criticó este jueves que el Gobierno de Donald Trump haya nominado -según la prensa- a Julie Kirchner, exlíder de una agrupación antiinmigrante, para establecer una oficina que atenderá las denuncias de violaciones a los derechos humanos en los centros de detención para migrantes.

“Trump ha decidido poner a alguien con una ideología antiinmigrante pronunciada a cargo de darle forma a una oficina para responder a las quejas sobre el trato a los inmigrantes en detención”, señaló el presidente y consejero general de MALDEF, Thomas Saenz.

Para Saenz, “cualquier persona que crea que el maltrato de los inmigrantes es un elemento de disuasión necesario y apropiado para la migración futura no debería tener ningún papel en la respuesta a las quejas meritorias de maltrato de los inmigrantes”.

Y apuntó que Trump “ha nominado a alguien que es tan sensible y competente como una formación de rocas para supervisar los derechos civiles en los centros de detención”.

Según una publicación de BuzzFeed, que citó un memorándum interno, el subsecretario en funciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Ken Cuccinelli, designó a Kirchner, exlíder de la Federación para una Reforma Americana de Inmigración (FAIR), para apoyar el establecimiento de una oficina del defensor de los migrantes detenidos.

También fue nominada Tracy Short, quien trabajó en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Kirchner fue designada en 2017 por la Administración del presidente Trump como Ombudsman en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), cargo que decidió dejar a finales del año pasado, según la publicación.

En 2017, representantes de las organizaciones Center for New Community (CNC) y Southern Poverty Law Center alertaron del incremento de la influencia de personas con vínculos racistas en el Gobierno de Trump y en su personal más cercano.

La situación de los migrantes en los centros de detención, en especial de los menores de edad, desató meses atrás una polémica en el país después de conocerse denuncias de organizaciones proinmigrantes y de abogados que alertaron sobre hacinamiento, falta de condiciones sanitarias y de largos periodos de reclusión.

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