Tras cuatro días de que comenzara la distribución de la ayuda económica a indocumentados aprobada por el Gobierno de California, la frustración de cientos de inmigrantes por no poder acceder al auxilio de 500 dólares por persona sigue creciendo, así como los llamados para que las autoridades estatales aprueben más fondos.

“Ya me cansé de marcar, llevo toda la semana en esto y me da más ansiedad que no contesten”, dijo a Efe Lucila Gamarro, quién ha buscado calificar para la ayuda que está ofreciendo el estado.

“Entiendo que somos muchos, y que no alcanza para todos, pero de verdad que lo estoy necesitando con urgencia”, agregó la inmigrante guatemalteca.

La misma queja se escucha por parte de cientos de migrantes que han inundado con reclamos las redes sociales de la docena de organizaciones que tomaron la responsabilidad de repartir los fondos que suman 150 millones de dólares, y que en las estimaciones más amplias ayudará a 1 de cada 10 indocumentados afectados por el COVID-19.

Esa realidad de necesidad es la que impulsó a un grupo de 14 legisladores estatales a pedir al gobernador, Gavin Newsom, un mayor apoyo para la población de trabajadores indocumentados del estado.

En una misiva, respaldada por una amplia coalición de organizaciones, los legisladores, encabezados por el asambleísta Ash Kalra y la senadora María Elena Durazo, proponen un programa temporal para trabajadores que no son elegibles para el beneficios estatales o federales.

El programa proporcionaría un monto de beneficio semanal fijo de 400 dólares por un máximo de ocho semanas para personas desempleadas o subempleadas entre el 29 de marzo pasado y hasta el próximo 25 de julio.

“Si bien esto es mucho menos de lo que otros trabajadores son elegibles actualmente a través del seguro de desempleo y la asistencia federal por la pandemia, el programa ayudaría a proporcionar un nivel básico de apoyo para garantizar que las familias con estatus indocumentado y mixto puedan sobrevivir a esta pandemia y reconstruir sus vidas”, cita la carta.

Desde antes que comenzara la repartición de los fondos Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), advertía a Efe que eran necesarios más fondos.

El primer día de entrega de los fondos CHIRLA, recibió 1.137.000 llamadas telefónicas, provocando el colapso en las líneas telefónicas, y la frustración de muchos migrantes.

“Apoyamos los esfuerzos del asambleísta Kalra para llevar equidad a las familias inmigrantes que han pasado semanas sin paga y que han sido la columna vertebral de la economía de nuestro estado”, insiste Salas en su llamado al gobernador.

El número total de personas que accederían a este programa se estima en aproximadamente 216.499, advierte la propuesta de los legisladores.

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