Grupos civiles y sindicales informaron hoy que apelaron el fallo de un juez que le permite a la ciudad californiana de Huntington Beach ignorar la ley que impide la colaboración de las autoridades locales con los agentes de inmigración.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) y la firma de abogados Latham & Watkins detallaron que se trata de una querella contra las medidas antinmigrantes del presidente Donald Trump. La acción legal es una respuesta al fallo de septiembre pasado del juez de la Corte Superior del Condado de Orange, James Crandall, que le permite a la ciudad no aplicar la ley santuario, la SB 54.

La ciudad asegura que esas leyes interfieren de manera inconstitucional con las normas de Huntington Beach, y que no pueden implementarla. Sameer Ahmed, abogado de la Fundación ACLU del Sur de California, dijo a Efe que la querella legal también es contra la Ciudad de Los Alamitos, la primera jurisdicción de California en demandar al estado por la implementación de las leyes santuario.

La apelación, presentada la noche del lunes en la Corte de Apelaciones del Condado de Orange, hace parte de los esfuerzos de defensores de la SB 54 para derrotar las medidas conservadoras que incluso llevaron a la Administración de Donald Trump a demandar al estado. “Residentes de Huntington Beach y de ciudades como Los Alamitos se unieron para pelear contra las medidas antinmigrantes de políticos que dividen y no respetan los valores de California”, advirtió Ahmed.

El abogado explicó que la acción legal se une a una primera apelación hecha por el mismo estado de California, y que impidió que Huntington Beach continuara colaborando con las autoridades de inmigración.

Uno de los demandantes, el reverendo Samuel Pullen de la iglesia Community Congregational United Church of Christ of Los Alamitos, dijo hoy a la prensa que la disputa legal continua para defender los valores de California y “rechazar la división que algunos políticos pretenden usar para ganar votos”. La semana pasada opositores a la SB 54 vincularon la ley con la muerte del policía de Newman Ronil Singh, quien fue asesinado a tiros el pasado 26 de diciembre por un presunto conductor ebrio.

El sospechoso, Gustavo Pérez Arriaga, es un mexicano indocumentado que había sido detenido en 2014 por conducir ebrio en el Valle Central de California. No obstante, en ese entonces los agentes de inmigración no presentaron una solicitud para hacerse cargo de él.
Tanto el gobernador saliente de California, Jerry Brown, quien convirtió en ley la SB 54, y el fiscal general de California, Xavier Becerra, aseguraron que esta tragedia nada tiene que ver con la Ley Santuario, que fue implementada el año pasado.

Ahmed advirtió que la Corte de Apelaciones puede tomar hasta seis meses para emitir su fallo. “Estamos preparados para ir a la Corte Suprema de California para defender esta ley”, sentenció.

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